Cuando quienes tienen el
encargo de elaborar y modificar las leyes para lograr una convivencia mejor y,
sobre todo, mayor justicia, son los mismos que en los últimos años, en un gran
porcentaje, burlan la ley con el afán de acumular dinero o hacer que lo
acumulen amigos o familiares, se llega a la evidencia de que el nivel ético, o
moral, si se prefiere, de este país es ínfimo, y lo es, no sólo por la
incoherencia de esos políticos, sino porque los ciudadanos lo toleramos como si
de un simple espectáculo se tratase (la excepción son, y me parecen admirables,
las personas a las que han robado con las preferentes
y que no cejan en su lucha por obtener justicia: se podría pensar que sólo
defienden sus intereses, pero yo creo que todos deberíamos estar con ellos en
la calle porque también luchan contra la legitimación del robo).
Cuando surgió el
movimiento de los indignados no me sentí cerca de ellos porque la indignación
nació con la crisis, con las carencias, no cuando todos creíamos nadar en la
abundancia, aunque esa abundancia fuera la porquería que nos estaba ahogando.
La indignación tendría hoy plena justificación para el común de las personas de
bien porque lo que hoy se está viviendo es la burla, el abuso o la violación de
la ley por parte de las personas que, estando en posiciones de poder y en
posesión de gran parte de la riqueza, pretenden acumular más a costa del
bienestar general (no entro además en la pérdida de derechos, o en utilizar la
crisis como pretexto para privatizar y favorecer otra vez a los allegados, o en
la dejación de la protección a los grupos más desfavorecidos).
Si el mayor bien para
estas personas (y la mayoría de ellos no sienten pudor en acudir fervorosamente
a misa) consiste en la riqueza obtenida ilícitamente, ello se debe a que son incapaces de generar
una política de bienestar para todos. Una política que buscara el bien común
les retornaría como reconocimiento, admiración y les permitiría obtener un
lugar digno en la historia (éstos, por supuesto, son bienes no acumulables).
Pero no; antes que la valía moral, prefieren la acumulación absurda y obscena
de dinero que, cuando se descubra su ilicitud, habrá de cubrirlos de vergüenza.
Son esos mismos políticos
los que se atreven a defender lo "sagrado" -el congreso cuando va a ser
asaltado por esas masas armadas de rifles de asalto, carros blindados y
apoyadas por especialistas tipo 007; la monarquía cuando, después de
hacer lo imposible por favorecer a sus súbitos y proclamar que todos somos
iguales ante la ley, lucha mucho más por defender sus privilegios de
sangre; o la Iglesia, la del poder, que sólo levanta la voz para defender
privilegios o para apoyar todo aquello que aplasta aún más a los oprimidos-,
sacando a esa palabra, sagrado, de su sentido original (lo que, transcendiendo
al hombre, no era modificable, manipulable, no se podía cambiar a antojo y era
digno de respeto) para darle el uso más obsceno posible (el del ejercicio del
poder para proteger privilegios, intereses o conseguir de la mayoría el
servilismo o alienación más tristes).
Como decía al principio,
todos somos responsables de esa situación al preferir mantener en el Parlamento
o en el Gobierno a quienes supuestamente encarnan o representan nuestros
ideales políticos y religiosos (esa vieja historia de las dos Españas que
nombró Machado como una condena), en vez de liberarnos de lo falaz y absurdo de
esos ideales, y de esa necesidad alienante de defender una Idea por
encima de la defensa del ser humano en sí mismo. Lo que se podía esperar es que
nuestras elecciones (tanto en el sentido individual como político) nos
condujeran a ser actores de la ética del bien hacer, de la defensa de la
justicia por encima de los partidismos, a exigir responsabilidades a cualquiera
que olvide su obligación de procurar el bien común o que vaya contra la ley y
la justicia, sea esa persona de derechas, de izquierdas, rey o mendigo,
religioso o lego, del Madrid o del Atleti.
Va pasando, día a día,
ante nosotros la procesión de vergüenza de los que cobran comisiones, regalan
contratos, roban del arca común, de los que mandan trabajar más mientras llevan
bolsas a Suiza, o de los que hablan de gestión eficiente mientras restan
prestaciones, de todos los que descuidan sus obligaciones con esa España a la
que nombran sin pudor a boca llena, haciendo ostentación de su amor a nuestra
patria, que no a los españoles, sembrando cada parque de banderas (que, por
supuesto, son más importantes que los Servicios Sociales, por ejemplo), de los
que cobran despidos millonarios por arruinar Cajas o robar a nuestros
ancianos.... y, hagan lo que hagan, no se oye un rugido procedente de los
millones de bocas -que no dudarían, sin embargo, en aclamarlos al paso de sus
coches oficiales o cuando mueven la mano en su saludo desmayado- para exigir
que la ley actúe contundentemente y obligar a que aprueben leyes donde las
penas para los que usan el poder que se les concede para empobrecer a los demás
mientras se enriquecen ellos sean las más duras de nuestro Código Penal (al
menos tanto como por robar un móvil).
Que un país sea gobernado
por quienes se envilecen persiguiendo únicamente el dinero, los que lo tienen
como el único bien de sus vidas -y si entre ellos los hay que se comportan
honradamente son también culpables por no denunciar o proteger con su silencio
a los que lo son-, envilece al país entero que no les hace pagar su delito de
forma proporcional a la gravedad del mismo.
Desde el punto de vista
psicológico, esa forma de acumular bienes lleva, paradójicamente, a un
desmesurado temor a la muerte, porque el ser humano, cuanto más tiene, más
temor tiene a perderlo, y la muerte, justiciera al fin, te hace perder todo.
Por eso, desde que el hombre es hombre, son los desheredados los que van a la
guerra mientras los ricos se esconden con sus riquezas, sabedores de que
obtendrán más del sacrificio inútil y absurdo de los que nunca sacarán nada de
ellas.
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